miércoles, 30 de julio de 2014

Benidorm tiene el triple de sillas eléctricas para discapacitados y mayores que bicicletas públicas de alquiler

Fue en octubre de 2012 cuando ‘Bicidorm’, un servicio que ya estaba dos años implantado en la ciudad, dobló sus bases de bicicletas y consiguió que Benidorm ofreciera a sus vecinos y turistas un total de 200 ciclos de alquiler, un impulso público que no ha tenido el éxito esperado y ha ido degenerando con el paso del tiempo después de haber gastado 250.000 euros de una subvención de la Agencia Valenciana de la Energía.
Esta semana se ha sabido que debido a los problemas que ocasionaron el año pasado las sillas eléctricas, el Ayuntamiento ha conseguido censar casi  600 vehículos  autopropulsadas e este tipo es decir, el triple que bicicletas pueden alquilarse en la ciudad. Claro que el servicio de pedaleo es público y todas las sillas las alquilan empresas privadas, pero la realidad de esta oferta es una muestra más del tipo de turismo que se da cita en Benidorm, una ciudad prácticamente llana donde las bicicletas no parecen servir ni para el verano.
El ‘Registro municipal de sillas autopropulsadas’ previsto por la Ordenanza de Movilidad número 1 ha conseguido que las diferentes empresas que se dedican a este negocio tengan que darlas de alta en un registro para, según la Concejala de Movilidad, Mª Carmen Martínez, evitar “la problemática surgida el año pasado”, un censo pionero para el control y regulación de este sistema de transporte individual.
También es cierto que estas sillas habían proliferado en Benidorm como una opción más de ocio, con independencia de la edad y estado físico de los turistas que aterrizaban en Benidorm, incluso como objeto de deseo en despedidas de soltero y sobre todo en la zona inglesa. Algunas de estas sillas motorizadas alcanzan velocidades por encima de los 10 kilómetros por hora y tienen varias decenas de kilómetros de autonomía. Su alquiler oscila entre los 10 y los 20 euros por día, lo que acabó siendo un reclamo para todo tipo de turistas.
A la vista de los problemas incluso circulatorios por la vía pública y las mismas aceras que estaba generando la falta de regulación, la Concejalía de Movilidad modificó la ordenanza para garantizar su uso correcto y limitarlo a las personas con alguna discapacidad o enfermedad acreditada y mayores de 55 años. A estas empresas se las obliga ahora a que exijan a los usuarios un certificado que acredite su discapacidad o su edad. 
Esta modificación reglamentaria limita ahora el uso de estas sillas, pero la misma normativa contempla hasta 23 tipos de infracciones a empresas o usuarios que oscilan entre los 50 y los 90 euros. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario