En este sentido, el edil de Urbanismo ha agradecido “la comprensión que han tenido los propietarios de este solar y la predisposición que ha tenido Iberdrola, así como el trabajo de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Benidorm, que “son los artífices de que hoy estemos derribando definitivamente este edificio”.
Por su parte, el presidente de la comunidad de propietarios, David Sellés, ha dicho estar “contento” ante lo que supone “un paso más en esta carrera de fondo que está resultando ser la construcción del nuevo edificio Las terrazas”. “Hasta ahora el proceso está siendo lento pero positivo”, ha añadido.
Antecedentes
Cabe recordar que el derribo de Las Terrazas es un asunto que se ha dilatado en el tiempo por diferentes gobiernos locales y desencuentros entre los propietarios del solar. En el año 2000, tras varios informes técnicos y exámenes de la estructura, se constató que el edificio padecía aluminosis y se declaró el estado de ruina por parte del Ayuntamiento, ordenando el desalojo del inmueble. En aquel año también se decretó el vallado y la demolición del edificio. No obstante, desde entonces se produjeron numerosos recursos y enfrentamientos que retrasaron el derribo del inmueble.
La declaración de ruina fue confirmada en el año 2004 por el Tribunal Supremo. Sin embargo, los contenciosos judiciales continuaron hasta que en marzo de 2009 se ordenó a los propietarios que derribaran el edificio. Como éstos no lo hicieron, el Ayuntamiento anunció meses después, en junio, que lo haría él y que después pasaría el gasto a la propiedad.
Poco después se conocía que el derribo no podía ejecutarse hasta que no se solucionase el traslado de un transformador eléctrico existente en uno de los inmuebles, un problema que se ha prolongado en el tiempo hasta ahora por las diferencias entre los propietarios e Iberdrola.
En junio del año pasado se inició el derribo de Las Terrazas por parte del Ayuntamiento, mientras se negociaba el traslado del transformador. Aquellos trabajos se realizaron por fases para evitar que la zona se quedase sin suministro.
El derribo se inició gracias a una sentencia judicial que en abril de 2011 autorizaba al Ayuntamiento a echar abajo el inmueble de forma subsidiaria. Se valoró entonces el coste de la demolición en 140.000 euros, que se pasarían posteriormente a los propietarios.
Pese a todo, el derribo volvió a quedar bloqueado después de haberse empezado a causa de la falta de acuerdo entre los dueños e Iberdrola, que seguían litigando para aclarar quién debía hacerse cargo de la reubicación del transformador que impedía terminar los trabajos de derribo. Finalmente, ha sido Iberdrola la encargada de dichos trabajos y del coste generado.
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