Si se colocan las palabras “zona azul” y “Benidorm” en el buscador de cualquier medio de comunicación local, comarcal o provincial, el número de resultados que aparece es infinitamente superior al que se da sobre cualquier otra localidad. Y no es casualidad, porque el culebrón que Benidorm vive con la zona azul y con la grúa, y que ha evidenciado lo lentos y farragosos que son los caminos administrativos y judiciales, ha cumplido ya más de cuatro años y todavía no tiene solución.
Esta misma semana se ha sabido que el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales ha anulado el concurso público convocado por el Ayuntamiento para dejar en manos de una empresa la zona azul y la grúa -y como extra la señalización vial y el control de velocidad-, y dejar atrás así la pesadilla ParkControl. Pero el Ayuntamiento no lo ha hecho bien y el Tribunal ha tumbado el concurso porque restringe la participación de empresas mientras beneficia a algunas otras. Pero hasta llegar aquí se han sucedido infinidad de capítulos. Intentos de resoluciones de contrato hasta llegar la definitiva, denuncias por prevaricación, imputaciones judiciales, recursos administrativos, el embargo de la concesión por la Agencia Tributaria, etcétera.
Los primeros problemas con esta concesión surgen en 2008, aunque no se conocieron hasta poco antes de que el concejal popular José Bañuls dejara sus competencias de Movilidad y diera la espantada del PP a mediados de 2009 para acabar firmando una moción de censura con el PSOE de Agustín Navarro. Tras la moción en septiembre de ese año, la zona azul pasó a formar parte de la agenda del gobierno y cinco meses después ya se anunció que se iba a resolver el contrato por las numerosas infracciones que supuestamente había cometido la concesionaria, ParkControl. Unas infracciones que, según los informes del asesor de Movilidad, ponían incluso en riesgo la seguridad vial.
En el pleno del 31 de mayo de 2010 con “nocturnidad” -faltaban poco para la medianoche- y por urgencia, Bañuls planteó resolver el contrato con ParkControl, pese a no tener el respaldo del Consell Jurídic Consultiu. Sin más informes que el del asesor jurídico de Movilidad, toda la bancada socialista y Bañuls levantaron la mano. La decisión estaba tomada, pero pronto se supo que no podía hacerse efectiva. Porque la empresa recurrió en los tribunales y el PP planteó una denuncia contra el alcalde y Bañuls por “prevaricación continuada”.
Durante más de tres años este asunto ha estado en los tribunales y Navarro y Bañuls imputados. Sólo la irrupción de la Audiencia Provincial de Alicante ha evitado que ambos se sienten en el banquillo, porque la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm no tenía dudas de que debían hacerlo.
Y durante todos estos años el PP ha acusado a Bañuls de estar “obsesionado” con romper el contrato con ParkControl, algo que ha conseguido recientemente y al tercer intento, aunque ya como asesor de Movilidad. Pero obsesiones a parte, lo cierto es que entre 2010 y 2014 la situación de la zona azul no ha hecho más que empeorar, sobretodo para los trabajadores, que durante dos años y medio han tenido que soportar los reiterados impagos de sus nóminas -han llegado a deberles el equivalente a cinco nóminas- e incluso han tenido que ir a la huelga. La situación para ellos cambió hace apenas unos meses, cuando la Agencia Tributaria embargó la concesión y se hizo cargo de la recaudación de la zona azul y la grúa, con la que paga las nóminas de los trabajadores y se va cobrando poco a poco los 1,4 millones de euros que le debía ParkControl. También la Seguridad Social intentó embargar las grúas para recuperar los más de 100.000 euros que le adeudaba la empresa.
Para entonces hacía ya tiempo que ParkControl, alegando problemas económicos, había dejado de pintar los pasos de cebra y las demás lineas viales, había dejado de pagar el alquiler de su primera oficina -de la que fue desahuciada- y del recinto de la grúa del que poco ha faltado para que la echaran. Eso sí, por el camino, y para sorpresa de todos, había conseguido por decretazo más plazas de zona azul, al parecer a cambio de retirar los pleitos que tenía planteados en los tribunales y enterrar el hacha de guerra judicial con el Ayuntamiento.
Pero aunque ParkControl se retiró de la denuncia por “prevaricación continuada” interpuesta por el PP, nada mejoró y los tiras y aflojas se han mantenido. Incluso la empresa ha intentado en varias ocasiones que las multas de sus controladores pasen directamente por SUMA.
Y ahora cuatro años después de aquel primer intento fallido de resolución del contrato y cuando todo soplaba a favor, el Ayuntamiento la vuelve a pifiar, con un pliego de condiciones que de tan exigente que se pretendía se ha vuelto restrictivo. Por decirlo finamente, porque la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales insinúa, sin plasmarlo, que el pliego podría ser un traje a medida cuando asegura que “sólo aquella empresa que, casualmente, pudiera imaginarse un contrato con objetos tan distintos sería capaz de haber organizado una UTE para presentar al concurso”.
Aparcada de plano la municipalización de la grúa y la zona azul que ahora exige la oposición -incluido el PP que en su día fue el artífice de la privatización-, toca hacer un nuevo pliego cambiando todo lo que exige el Tribunal y licitando los servicios “como lotes individualizados”. Habrá que ver si a este concurso se presenta de nuevo la UTE SICE-Auplasa -la única que lo ha hecho al anulado-, si se separan y optan individualmente a alguno de los servicios y si participan las dos empresas que han luchado por tumbar el anterior pliego: Dornier y Eysa, a la que al parecer ha estado vinculado en algún momento Ignacio López del Hierro, marido de la número 2 del PP nacional, Mª Dolores de Cospedal.
Entre ambas mercantiles se comen “un 80%” de los contratos de zona azul de España y todo indica que están interesadas en hacerse con Benidorm. De ahí que recurrieran ante el Tribunal un pliego que se lo ponía muy, pero que muy difícil, por no decir imposible.
Fuente: lamarinaplaza.com
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