El gobierno local de Benidorm del socialista Agustín Navarro contrató a más trabajadores laborales de las plazas que inicialmente había convocado en oferta pública y provocó un desfase en los presupuestos de 2010 y 2011. Así lo reconoció ayer el concejal de Limpieza Viaria y exresponsable del departamento de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez (PSOE), en su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, que investiga el caso de los contratos en el que está imputado Agustín Navarro. Ahora bien, aunque aseguró que los hechos «efectivamente son como se están diciendo», justificó que todas las contrataciones, pluses o ascensos de personas se realizaron por «necesidad, urgencia y siempre amparándonos dentro de la legalidad».
Martínez estuvo ayer dando explicaciones ante la juez durante cerca de dos horas, en calidad de testigo, a petición de la defensa del propio alcalde. Según indicó a su salida de los juzgados, su propósito era «aclarar cómo y por qué se hicieron los procedimientos». Y, principalmente, la actuación del propio Navarro, que está imputado en la causa por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales, a raíz de la denuncia formulada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), a la que después se sumó la Fiscalía, y que el responsable de Limpieza tildó de «treta y complot» por parte de los representantes sindicales.
Los hechos denunciados tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 fueron a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido incrementar las plantillas; así como por la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios afines entre los años 2010 y 2011, entre otros motivos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario cercano a los 4,5 millones en el capítulo de Personal.
El entonces responsable municipal de este departamento explicó que «cuando un informe de Intervención nos dijo en 2011 que existía esta desviación, automáticamente se tomó la decisión de no renovar el contrato a esos trabajadores», y dijo que, aunque el interventor venía advirtiéndolo desde tiempo atrás, «no de podía corregir antes porque los contratos ya estaban comprometidos y, si en aquel momento la relación laboral del Ayuntamiento con estos vigilantes –en relación a los de playas e instalaciones deportivas– hubiera terminado, habríamos tenido que indemnizarles igual por incumplimiento del contrato. Por eso se les permitió que terminaran el contrato», añadió.
El socialista también explicó que el Ayuntamiento contrató a más vigilantes que los que inicialmente se habían previsto en la oferta de empleo «porque los técnicos de las concejalías dijeron que estaban haciendo un buen trabajo y se intentó cubrir las necesidades de todos los turnos». A su juicio, «llegó un momento que las playas se habían convertido en un espacio de delincuencia, con trileros, carteristas, prostitutas... y eso había que erradicarlo y poner coto a aquella delincuencia masiva en las playas».
Promociones internas
Por último, como también hizo días atrás la defensa de Navarro por medio de un escrito, Martínez puso en duda que el sindicato sólo denunciara algunos procesos de promoción interna y no todos para poner el foco en los seis parientes a cargos o candidatos del PSOE. «En estos procesos seguro que hubo simpatizantes del Partido Socialista, y del PP o de IU, o funcionarios que llevan 30 años en la Casa y son apolíticos, pero este sindicato sólo ha ido a hacer referencia a los que pudo haber del PSOE», criticó. El concejal concluyó afirmando estar «tranquilo» y «confiado» en lo que ocurra.
Fuente: diarioinformacion.com
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